En Chile y en muchas partes del mundo, la violencia estudiantil ha ido en aumento en frecuencia, gravedad y visibilidad. No se trata solo de robos o peleas escolares, sino de situaciones que involucran desde acoso, ciberacoso hasta porte de armas, redes criminales organizadas, ajustes de cuentas y pérdida de vidas. El fenómeno no es nuevo, pero sí más crudo, más precoz y más mediático. Y frente a esta realidad, la reacción pública y política tiende a ser automática: endurecer penas, bajar la edad de imputabilidad, militarizar las escuelas o “sacar del sistema” a quienes perturban el orden. Sin embargo, la evidencia demuestra que el castigo, por sí solo, no corrige, no transforma y muchas veces empeora.
¡Feliz el hombre que no tiene nada que guardar bajo llave! Fiódor Dostoievski, Crimen y Castigo
Estudios como los realizados por James Garbarino (2006), experto en desarrollo infantil y violencia juvenil, han mostrado que el castigo severo no reduce la reincidencia, sino que fortalece el vínculo con la cultura del delito. Lo mismo afirma la socióloga francesa Sylviane Giampino, quien ha alertado que la represión institucional ante adolescentes traumatizados termina consolidando su sentido de exclusión y hostilidad hacia la sociedad.
En Chile, el Informe Nacional de Violencia en la Escuela (CNED, 2023) reveló que los hechos de agresión grave entre estudiantes aumentaron un 28% respecto al año anterior. Pero aún más preocupante es que los discursos de odio y castigo también se incrementaron entre adultos, muchos de ellos pidiendo más penas, más expulsiones y menos diálogo. Esta demanda social por “orden” muchas veces ignora la raíz: jóvenes que han crecido entre negligencias, abusos, pérdidas y desesperanza.
“¿Qué esperaban de mí?” pregunta un joven en conflicto con la ley entrevistado por la Fundación Paz Ciudadana. “¿Que fuera normal después de todo lo que vi y viví?” Esta frase resume una verdad incómoda: no hay violencia juvenil sin trauma, y no hay transformación posible sin reconocimiento y reparación.
El psicólogo chileno Claudio Duarte ha investigado ampliamente las trayectorias de vida de adolescentes infractores de ley y muestra que la mayoría ha vivido experiencias acumuladas de abandono, violencia intrafamiliar, pobreza estructural y escolarización fallida. Esto exige que los adultos –profesores, autoridades, apoderados, líderes comunitarios y políticos– desarrollemos habilidades mucho más sofisticadas que el castigo: la escucha activa, la empatía sin ingenuidad, la contención sin permisividad, y sobre todo, la creación de nuevas oportunidades de pertenencia y proyecto de vida.
En este contexto, Alcaldes, Directore/as y SLEPs enfrentan un dilema crucial: ¿Serán un nuevo “sheriff de barrio” que piden penas más duras, pórticos con sensores de metales y más carabineros en las puertas del colegio? ¿O serán los primeros que lideran un verdadero giro cultural hacia la educación preventiva, restaurativa y transformadora?
Hasta ahora, el tono de las autoridades ha sido más policial que educativo. Pero el desafío es otro. La seguridad real no se construye con cámaras ni con cercos, sino con relaciones, comunidad y políticas públicas sostenidas en el tiempo. Como bien plantea William Ury, uno de los mayores expertos en negociación de conflictos en el mundo, “los conflictos más difíciles no se resuelven con fuerza, sino con la capacidad de escuchar lo que no se dice, de tender puentes incluso cuando el otro parece nuestro enemigo” (Getting to Yes, 2011).
En esta línea, sería esperanzador ver a quienes gestionan los establecimientos educacionales asumir un liderazgo distinto: no como un policías, sino como negociadores, articuladores de alianzas, promotores de paz en las escuelas. Dejen el control del orden público en manos de Carabineros y concentren su gestión en fortalecer redes de apoyo psicosocial, programas de mentoría juvenil, intervenciones escolares innovadoras y oportunidades de formación ciudadana real.
La juventud violenta no nace de la nada. Cada adolescente con un arma, con rabia o con una condena, fue antes un niño con miedo, con carencias y con sueños truncados. Como sociedad, el verdadero fracaso no está en que existan conflictos, sino en nuestra incapacidad para transformarlos en oportunidades de aprendizaje, reparación y sentido. Castigar sin comprender es, como decía Dostoyevski, una forma más de aplastar la posibilidad de redención. Y no podemos darnos ese lujo. Ni por justicia, ni por eficacia, ni por humanidad.
Pero aún hay esperanza. Podemos confiar en el trabajo que ya realizan muchas instituciones: carabineros que actúan con protocolos, jueces que buscan soluciones integrales, educadores que no se rinden y equipos comunitarios que acompañan silenciosamente. Para que las familias puedan volver a conversar con profundidad, corregir con amor y acompañar con presencia. Para que las escuelas retomen su vocación de despertar capacidades dormidas, talentos invisibles y genialidades en potencia. Y para que no tengamos que convertirnos todos en sherifes de barrio para lograr el cambio. Lo que necesitamos no es más fuerza, sino más fe en el poder de educar, de sanar y de reconstruir el tejido humano que mantiene viva una sociedad.
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